Los acuerdos serán derivados al pleno para su aprobación final antes de ser promulgados por el Ejecutivo.
La Comisión de Economía Plural del Senado aprobó este martes tres proyectos de ley para operaciones petroleras por más de $us 504 millones, firmadas con la empresa Vintage Petroleum Boliviana.
Se trata de los proyectos de ley (PL) 320/2022-2023 que corresponde al área de Sayurenda, ubicada en Tarija; el PL 321/2022-2023 tiene como objetivo la exploración en Carandaiti, entre Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, y el PL 322/2022-2023, referente al área de Yuarenda, en Tarija.
Según los documentos, se calculan ingresos por $us 1.500 millones.
Los contratos viabilizarán inversiones para las actividades establecidas en el Plan del Upstream (exploración y explotación), en la búsqueda de nuevos recursos hidrocarburíferos para subir la producción e incrementar las reservas.
Proyectos
El primer contrato se ejecutará en el área Sayurenda, en el departamento de Tarija, suscrito el 20 de enero de 2023. Se estudiaron cuatro estructuras que cuentan con un potencial exploratorio de 173 billones de pies cúbicos (BCF) de gas y 3 millones de barriles de petróleo (MMBbls) de petróleo. En caso de ser un proyecto exitoso se estima generar una renta petrolera de $us 130,7 millones.
El segundo contrato se desarrollará en la zona Carandaiti, en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, firmado el 20 de enero de 2023. Se estudiaron cinco estructuras que tienen un potencial exploratorio de 332 BCF de gas y 4,5 MMBbls de petróleo; que representarían aproximadamente $us 567 millones de renta petrolera en caso de ser exitosos.
El tercer contrato corresponde al área Yuarenda, en Tarija, suscrito el 20 de enero de 2023. Se identificó un potencial de 170 BCF de gas y 4 MMBbls de petróleo; que de resultar positivo generaría aproximadamente $us 649,2 millones de renta petrolera.
Los tres proyectos de ley fueron remitidos al pleno de la Cámara de Senadores para su tratamiento y Sanción, paso previo para que sean promulgados por el Órgano Ejecutivo para que entren en vigencia.
Fuente: La Razón