El plan de la compañía es hacer ofertas anuales e integrales a todos los agentes
TUBERÍA

Petrobras abre capacidad de procesamiento en Cacimbas para 3R y se encuentra en las etapas finales de negociación del acceso a la infraestructura de la Cuenca de Campos. El siguiente paso será promover las ofertas públicas. Paralelamente, ANP discute regulación sobre acceso negociado y no discriminatorio.

Petrobras, 3R y PetroReconcavo cierran nuevos contratos de suministro. GNLink avanza con un proyecto de GNL a pequeña escala en el Sur y más allá. Verificar:

ABRIÓ

Con la firma de un contrato con 3R Petroleum para compartir la Unidad de Tratamiento de Gas Natural (UTGC) de Cacimbas, en Linhares (ES), Petrobras se acerca al final de la primera ronda de oferta de capacidad para su infraestructura de procesamiento, compromiso asumido con Cade, en 2019 , para abrir el mercado.

La estatal se encuentra en las etapas finales de las negociaciones con los productores de la Cuenca de Campos, para el acceso a la UPGN en Cabiúnas, en Macaé (RJ).

Es el último paso, antes de que la compañía avance a la siguiente fase: la oferta pública de capacidad, para todos los agentes del mercado, sin restricciones, y se espera que se lance en la segunda mitad del año.

Te explicamos: el modelo de apertura de la infraestructura se diseñó en dos etapas. En el primero, se ofreció la capacidad de las unidades de procesamiento de la petrolera a agentes que ya producen gas en el país.

Sólo entonces, una vez superada esta primera fase, se ofrecerá anualmente la capacidad restante disponible a otros agentes interesados.

GARANTÍAS DE ACCESO ENTRADA DE NUEVOS PROVEEDORES

Petrobras ya abrió capacidad en la UPGN en Guamaré (RN), hoy operada por 3R; en la UTGC (ES); en la UTG-Catú (BA); en la UTGCA, en Caraguatatuba (SP); UTGCAB en Macaé (RJ); y hasta Polo Gaslub, en Itaboraí (RJ), prevista para operar recién en 2024.

La única unidad conectada a la red integrada de gasoductos que no tiene contrato de reparto es UTG Sul, en Anchieta (ES), por falta de manifestación de interés, según la estatal.

Quiénes se sumaron: en medio de quejas aquí y allá sobre el costo del servicio cobrado por Petrobras, fue en ese movimiento que importantes productoras nacionales de gas -3R, Shell, Galp, PetroReconcavo y Origin Energia- firmaron contratos de procesamiento que les permitieron vender el gas directamente al Mercado.

Equinor también tiene acceso al mercado a través de un acuerdo de intercambio comercial, pero debe convertirse en un acuerdo de procesamiento adecuado en la UTGCAB.

Una vez firmados los próximos contratos, en Cabiúnas, Petrobras pretende abrir, hasta fin de año, la oferta de capacidad disponible para otros agentes interesados.

Estas ofertas, anuales, serán una oportunidad para que los agentes que eventualmente tengan planes para nuevos proyectos de producción accedan a la infraestructura existente.

Vale la pena recordar: este no será el caso del BM-C-33, de Equinor/Petrobras/Repsol Sinopec, cuyo proyecto contará con un sistema de tratamiento de gas sin precedentes instalado en la parte superior de la propia plataforma de producción.

¿Quién aplicará?

UPGN COMPARTIENDO EN LA AGENDA ANP

Al mismo tiempo, la ANP espera presentar, en el segundo semestre del año, el proyecto de resolución que regulará el acceso no discriminatorio y negociado de terceros a los gasoductos de salida, instalaciones de tratamiento o procesamiento de gas y terminales de GNL, principios establecidos en la Nueva Ley del Gas.

La discusión no afecta sólo a Petrobras. Empresas como Origin Energia, Alvopetro y 3R también operan unidades de procesamiento privadas, mientras que Compass, GNA, Eneva, Excelerate y New Fortress tienen terminales de GNL, por nombrar algunas.

La oferta de caudal y capacidad de procesamiento sigue, hoy, las directrices establecidas en los Cuadernos de Buenas Prácticas de Gas Natural del IBP, pero la ANP entiende que hay margen de mejora en el documento.

En el primer semestre, la agencia realizó una consulta previa, oportunidad en la que provocó a los agentes sobre diferentes puntos de discusión.

A continuación presentamos quién es quién en el debate sobre dos de estos temas, a partir de las posiciones vertidas en la consulta:

LA DEVERTICALIZACIÓN

La Nueva Ley del Gas exige la desagregación del transportista –que no puede tener una relación societaria directa o indirecta de control o coalición con empresas que operan en otros eslabones de la cadena.

No existe una disposición legal para que ocurra lo mismo en el procesamiento o disposición. Luego, la ANP evalúa diferentes requisitos para los agentes verticalizados, como la regulación de compartir terminales hidrovías, que impone más transparencia en los procesos de propietarios integrados con otros eslabones de la cadena.

El Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Servicios (MDIC) ve como inspiración la regulación de las terminales fluviales. Sugiere desagregación para agentes dominantes y separación contable (más simple) para otros jugadores.

En este sentido, ATGás (transportistas) salió en defensa de la creación de la figura del operador independiente de infraestructuras esenciales – propuesta presentada por el BNDES en 2020, pero que no se concretó.

Oposición: Los productores nacionales de gas y los importadores de GNL temen que el debate vaya más allá de la desagregación. El IBP señaló que no existe base legal para restringir la integración vertical y que el modelo de integración no ha puesto en peligro el acceso negociado y no discriminatorio. Y recordó que, en casos de controversia, los agentes pueden llamar a la ANP.

Equinor entiende que la separación contable, si se extiende a la infraestructura esencial, ya podría minimizar los riesgos discriminatorios.

Abraget (centrales térmicas) y Compass (propietaria de la Terminal de Regasificación de São Paulo) también están en contra de la desagregación. La empresa del grupo Cosan argumenta que la integración es legítima para capturar sinergias y así viabilizar inversiones. Eneva y GNA siguen el mismo camino.

Más transparencia.

Origen, empresa que opera verticalmente en Alagoas, defendió que, más importante que una separación funcional legal o contable, es asegurar la claridad de las condiciones de acceso al servicio.

Abegás (distribuidores) también da en esta tecla y pide más información sobre costes de infraestructura segregados y auditables.

Entre los consumidores de gas, la propuesta de desagregación encuentra más eco. Firjan (industria de Río de Janeiro) sugiere que los propietarios pierdan el derecho de preferencia sobre los activos ya amortizados y que, en el caso de las unidades de procesamiento, se realice la separación legal o patrimonial, con gobierno de decisión independiente.

Abrace (grandes consumidores) argumenta que la separación total es la mejor solución para evitar la discriminación en el acceso, pero que, en ausencia de disposiciones legales para la desagregación total, se adopten reglas de separación contable y cumplimiento.

Independientemente de la discusión sobre desagregación, Abrace aboga por que los agentes informen públicamente las condiciones de acceso (con condiciones tarifarias y no tarifarias, capacidad disponible y contratada, usuarios contratados, etc.).

ASIGNACIÓN OBLIGATORIA

El debate está vinculado a la discusión, también promovida por la ANP, sobre la creación de un programa de liberación de gases. La Nueva Ley del Gas otorga a la agencia la facultad de adoptar mecanismos para reducir la concentración del mercado, lo que incluye el lado de la oferta, pero también la asignación obligatoria de capacidad de transporte, salida y procesamiento.

El MDIC defiende la discusión sobre la implementación de una liberación de capacidad, como parte de un programa más amplio de desconcentración.

Abrace, defensor de la liberación de gas, pide a la ANP que evalúe la posibilidad de transferir la capacidad no utilizada de infraestructuras donde hay dificultad para negociar el acceso de los productores.

Entre los opositores a la medida, IBP y Abraget defienden que la ANP debe actuar ex-post (después del hecho), consultando a Cade en los casos, de hecho, donde hay abuso del propietario, y nunca ex-ante.

GNA defiende, a su vez, que las terminales de GNL queden fuera de un programa de liberación de capacidad. Alega que la naturaleza de las operaciones de activos de este tipo es volátil y difícil de predecir.

Algunos agentes reconocen, sin embargo, que la cesión forzosa puede ser una herramienta aceptada en determinadas circunstancias: Abegás cita el caso, por ejemplo, de que no haya previsión de uso futuro, por parte del propietario, a corto y medio plazo.

Y Compass señala que, por tratarse de una medida de alta injerencia en la libertad económica de los agentes, la liberación de capacidad debe implementarse con mucho cuidado, solo en casos específicos donde se verifiquen conductas anticompetitivas.

Fuente: epbr