Pocas definiciones resumen con tanta precisión y contundencia la problemática que padece la economía argentina desde hace décadas, como la explicación que días pasados ofrecieron las autoridades de YPF a la hora de exponer el proyecto de promoción de la actividad gasífera ante la Comisión de Energía del Congreso.
La mayor parte de la exposición apuntó a resaltar la importancia de los incentivos fiscales y promocionales establecidos en la norma legal proyectada, que se invoca como necesaria para facilitar las inversiones requeridas para desarrollar los emprendimientos que en el futuro hagan posible la exportación del gas natural en forma de gas natural licuado (GNL). Importa señalar que la argumentación se caracterizó por la objetividad con la que fue expuesto el probable escenario internacional que enfrentarán las iniciativas, así como los obstáculos que tendrán que ser superados para conferir a los futuros emprendimientos la necesaria sustentabilidad a lo largo del tiempo.
Conteste con este escenario, el régimen promocional que se propone busca garantizar a los inversores la estabilidad fiscal por un lapso de 30 años, la devolución anticipada del IVA, derechos de exportación variables, exención de derechos de importación para bienes y equipos que no se producen en el país, la exportación del producto emergente (GNL) y el acceso a las divisas que se requieran para el pago de las obligaciones financieros y la remesa de utilidades. Este último beneficio en atención a que el régimen cambiario con su cepo y restricciones perdure por décadas. Como siempre sucede en estos casos, la procedencia acerca de cada uno de los beneficios, dan lugar a distintas opiniones y puntos de vista de los distintos actores de la política, así como de las corrientes de opinión que representan. Lo mismo sucederá con los argumentos destinados a rechazar o apoyar la iniciativa, en forma parcial o total.
En palabras de los expositores, los beneficios a ser otorgados facilitarán monetizar las inmensas reservas para poder competir en un mercado internacional donde las distancias hacia los principales centros de consumo tienen un mayor costo para nuestro producto y representan el mayor obstáculo para alcanzar la necesaria competitividad. Es precisamente en este aspecto donde debe plantearse la validez de la argumentación oficial, así como la importancia de la estrategia elegida para concretar las inversiones en este sector de actividad. Debe quedar en claro que se encuentra fuera de discusión el desarrollo de todas las posibilidades existentes para aprovechar el gas en actividades industriales o su uso como combustible para el consumo residencial o el transporte, para los que el régimen proyectado tiene escasa significación.
O enorme gravitación si la problemática se analiza desde una óptica más general, que comprenda también a toda la industria o con mayor amplitud, toda la actividad productiva y comercial. Deberíamos preguntarnos: ¿cuál es la razón por la que no deberían contar con los mismos beneficios las restantes inversiones que se llevan a cabo en nuestro territorio? A fin de cuentas, los inversores nativos o foráneos que deciden llevar a cabo inversiones de riesgo en el agro, la industria, la construcción de viviendas o en otros renglones de la misma actividad energética, deberían contar con el mismo derecho y acceder a los mismos beneficios, sobre todo aquellos que además apunten a exportar o sustituir productos importados sin ninguna protección especial y por este medio generar las divisas necesarias para financiar el sempiterno faltante de divisas cuando se comienza a consolidar un proceso de recuperación de la actividad productiva. Por otro lado, siendo Vaca Muerta el segundo reservorio de mayor magnitud en el mundo y en el decir de las autoridades, con capacidad de producir con un costo competitivo similar al de los mayores reservorios de EE.UU., el argumento invocado para beneficiar a los inversores en los emprendimientos que se lleven a cabo sólo tiene asidero si el costo de capital y financiamiento, el costo laboral o la estructura impositiva existente descolocan al producto nacional, razones por las que se solicitan los beneficios fiscales específicos para contrarrestar el mayor costo de exportación del recurso natural en el que el país tiene un posicionamiento destacado en el concierto internacional. Es necesario tener en claro que los mismos obstáculos, en particular los atinentes a la estructura impositiva y el costo financiero, son los que deben afrontar la casi totalidad de las actividades, sobre todo con las nuevas inversiones.
En este aspecto existe una sola e inapelable verdad, dado que resulta imposible establecer un régimen especial para cada una de las inversiones en los miles de productos que podrían ser exportados o se encuentran en condiciones de sustituir de manera eficaz y sin subsidios al producto importado. Si no resulta posible la exportación de bienes de calidad y producción eficiente, o estamos frente a un problema que necesita ser resuelto a través del tipo de cambio o existen costos fuera del proceso de fabricación que por su magnitud descolocan su posible colocación en los mercados externos.
La pretensión de dictar un régimen específico para cada actividad productiva -casi siempre en el campo industrial- ha sido la herramienta con la que los distintos gobiernos han intentado, a lo largo del último siglo, construir una política económica que permita enfrentar el cambio de escenario del comercio mundial que apareció con la llegada de la crisis de fines de la década de 1930 y que se desparramó por todo el mundo. Pretensión que la realidad sumada al fracaso de las sucesivas políticas que se intentaron en los últimos 90 años deberían servir de experiencia para no insistir con reediciones de recetas que transitan por un camino que sabemos no conducirá a ningún lado.
El único dato cierto es que el inmenso recurso de Vaca Muerta permitirá una vez más alcanzar la autosuficiencia energética, siempre que se pongan en práctica políticas que tornen técnica, ambiental y económicamente sustentable los eslabones que componen la cadena de valor de su producción, principio que no se ha seguido durante la mayor parte del tiempo, tal vez porque tampoco se lo hizo con la que debe presidir el funcionamiento de una economía que necesita crecer para darle trabajo a toda la población: abatir la inflación y promover la rentabilidad. Está claro entonces que urge resolver el verdadero problema de fondo que padece nuestra economía: una estructura de tributación que inhibe o desalienta un gran número de inversiones y posibilidades de exportación, los dos vectores que impulsan la producción y el empleo. Si lo hacen sin subsidios, generan además pleno empleo con salarios crecientes.
Fuente: El Economista