Tras la caída en la producción de hidrocarburos y la falta de nuevos yacimientos, el Gobierno nacional analiza “modernizar” la Ley de Hidrocarburos 3058, informó el ministro de Hidrocarburos Franklin Molina, en mayo.
Se busca actualizar la norma 16 años después de su aprobación, que fue resultado de un referéndum realizado tras la Guerra del Gas, que este mes cumple 18 años.
Especialistas en hidrocarburos consideran que la modificación de la norma es urgente para atraer inversiones destinadas a la exploración, mediante la eliminación de los desincentivos a la inversión extranjera, y dar seguridad jurídica a las empresas.
“El país tiene potencial hidrocarburífero, se deben hacer cambios y generar condiciones para que fluya la exploración”, dijo el especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez.
La Guerra del Gas, que inició el 17 octubre de 2003, evitó exportar gas a México y EEUU vía Chile, para venderlo a Argentina y Brasil, lo que generó mayores réditos económicos para el país.
Sin embargo, el especialista en hidrocarburos Álvaro Ríos afirmó que la Ley 3058, aprobada dos años después de la Guerra del Gas, fue más extractiva y dejó de lado la exploración, por lo que ahora el país disminuyó su producción de hidrocarburos.
En 2013 el país producía 61 millones de metros cúbicos día (MMm3d), mientras que en la actualidad produce 44 MMm3d. “Si ese ritmo continúa y no se descubren nuevos yacimientos en cinco años más vamos a terminar importando el 100 por ciento de la gasolina y el diésel y en 12 años más deberemos importar gas”, señaló Ríos.
Según los cálculos del economista y exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, el país podría dejar de exportar gas a Argentina en 2033 y a Brasil en 2040, por lo que recomendó al Gobierno hacer reformas urgentes en el sector hidrocarburífero.
El país debe exportar diariamente 14 MMm3d de gas a Argentina y 20 MMm3d a Brasil, y el consumo interno llega a 14 MMm3d, haciendo un total de 48 MMm3d. Esta cifra sobrepasa la producción nacional, que es de 47 MMm3d.
En mayo, el ministro de Hidrocarburos afirmó que es necesario modernizar la Ley 3058, pues a su criterio en los últimos años no se logró incrementar las reservas. Por tanto, urge repensar todo el marco normativo, incluyendo la ley de incentivos y otros reglamentos que deben ser modificados.
“Estamos modificando algunos decretos porque tenemos que ser autocríticos. Los resultados no han sido los esperados y necesitamos en este momento incorporar reservas, incorporar volúmenes de producción de gas natural”, señaló Molina a El Deber.
La modernización de la Ley 3058 también busca una reducción en la importación de crudo.
En julio, la diputada Lidia Tupa, presidenta de la Comisión de Economía Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional, indicó que tratar una ley que viabilice las inversiones extranjeras en hidrocarburos es una oportunidad para reactivar la economía.
En esa oportunidad, YPFB lanzó el “Plan de Reactivación del Upstream 2021: Nuevas Perspectivas y Oportunidades”, que apunta a captar capitales internacionales para reactivar la exploración de gas y petróleo en siete regiones del país.
Sin embargo, los especialistas indican que esto no tendrá mayores resultados sin una nueva norma de hidrocarburos que dé mayores incentivos a las empresas extranjeras.
Ríos afirmó que la nueva ley de hidrocarburos debe ser consensuada con varios sectores. “No es un tema sólo del Gobierno, sino de las gobernaciones productoras y otras instituciones que reciben regalías, que se quedan sin ingresos. Tener un nuevo ciclo exploratorio es muy importante”, dijo.
PIDEN QUE NUEVA LEY REESTRUCTURE EL RÉGIMEN FISCAL Y EL MODELO CONTRACTUAL
Los analistas consideran que la nueva ley de hidrocarburos debe modificar el régimen fiscal y el modelo contractual. El actual régimen impositivo que establece la norma impide el flujo de inversiones.
“Recordemos que en Bolivia entre regalías y el IDH, el Estado se queda con al menos 50 por ciento de los ingresos por la explotación de los hidrocarburos, algo que ha sido establecido desde el referendo de 2004 y está inmersa en la ley de hidrocarburos”, indicó el especialista en hidrocarburos, Raúl Velásquez.
Pero ese 50 por ciento se aplica a cualquier campo, sin tomar en cuenta si es nuevo, viejo o que está en declinación, lo cual desanima a los inversionistas.
Álvaro Ríos, también analista en hidrocarburos, indicó que el actual modelo de contrato sociedad anónima mixta no es amigable con las extranjeras, por lo que se debe plantear contratos de operación y riesgo compartido, como se hace en otros países.
Además, dijo que YPFB no puede ser socia y fiscalizadora en todos los proyectos porque es un modelo contraproducente.
Velásquez añadió que yacimientos debe convertirse en una empresa netamente operadora y no política. “YPFB debe dejar de operar de forma política o como agencia de empleos”, afirmó.
El analista José Padilla considera que no será tan fácil modificar la norma porque tiene ataduras como la nacionalización de los hidrocarburos y el referendo de 2004, que determinó su creación con sus actuales características.
Fuente: Los Tiempos