El 15 de junio pasado el Tribunal Agroambiental de Sucre anuló la sentencia de la jueza agroambiental de Entre Ríos contra Petrobras Bolivia que establecía el pago de $us 61,1 millones por un predio,.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) resaltó el fallo del Tribunal Agroambiental de Sucre en favor de Petrobras Bolivia tras valorar adecuadamente los argumentos legales para anular la sentencia de una jueza agroambiental de la localidad de Entre Ríos (Tarija).
«Se valora la decisión judicial, es muy importante garantizar la seguridad jurídica para las empresas que operan en el país y generar un ambiente adecuado para atraer nuevas inversiones que permitan impulsar la urgente reactivación del sector», señala el pronunciamiento de esa institución.
El 15 de junio pasado el Tribunal Agroambiental de Sucre anuló la sentencia de la jueza agroambiental de Entre Ríos contra Petrobras Bolivia que establecía el pago de $us 61,1 millones por un predio, donde está el área petrolera de San Alberto, a una familia que decía ser propietaria.
Las magistradas Tereza Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo fallaron a favor de la empresa petrolera por falta de pruebas sobre el derecho propietario.
El jurista especializado en asuntos hidrocarburíferos, Iver Von Borries, manifestó que el Tribunal Agroambiental falló en derecho y acorde a lo que la normativa vigente establece.
«La seguridad jurídica es un concepto que se va construyendo mediante un sistema judicial libre de corrupción y con normas garantistas que se cumplen y respetan, indistintamente si las partes que los activan son personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras», señaló Von Borries.
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, afirmó que la decisión de la justicia boliviana es trascendente porque se evidencia la seguridad jurídica que existe en el país para las inversiones externas, especialmente en el sector de hidrocarburos.
Agregó que su despacho realizó un minucioso seguimiento del caso, mediante el equipo de abogados del Ministerio y YPFB por las implicaciones económicas, ya que la petrolera estatal es socia en el 50%, a través de YPFB Andina, en la operación del campo San Alberto.
Fuente: El Deber