El Plan Gas fue una iniciativa del Gobierno para detener la declinación en la producción de gas con un programa a cuatro años que le diera certidumbre a las productoras para invertir. Sin embargo, a menos de seis meses de ser lanzado, las empresas acusan un “cambio en las reglas bajo las cuales comprometieron la realización de inversiones en la producción de gas natural”.
En la Secretaría de Energía rechazaron esta acusación y, al contrario, indicaron que son las empresas las que quieren cambiar las reglas para incumplir con los objetivos del Estado.La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que congrega a las principales compañías – YPF, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol, Total y Wintershall, entre otras–, le envió una carta al Secretario de Energía, Darío Martínez, “a fin de transmitir la preocupación” de los asociados en relación con los términos de la resolución N° 144/2021.
Según la misiva, esta normativa, que fija la letra chica sobre el proceso de contratación de proveedores locales que deben hacer las productoras, “impone el cumplimiento de obligaciones en cabeza de las empresas adjudicatarias del Plan GasAr de manera retroactiva” que, según dicen, “resulta de cumplimiento imposible”.
“Esto plantea la readecuación de compras y contrataciones ya efectuadas o su terminación anticipada.
Ello es claramente impracticable por razones de seguridad operativa que exigen mantener las actividades de manera ininterrumpida”, dice la carta.Según señalan en la industria, las empresas presentaron sus planes de inversión junto con las ofertas para ser adjudicatarias de la provisión de gas en base a la obligatoriedad del decreto que estableció el programa de la Secretaría de Energía que fija como criterio indispensable priorizar a los proveedores locales.
Sin embargo, la nueva resolución detalla mecanismos que, dicen, son imposibles de llevar adelante. Por ejemplo, las empresas deben darle la posibilidad a todos los proveedores locales que se presenten en una licitación a igualar la oferta que haya realizado un competidor del exterior.
“Para cualquier compañía, este tipo de normas impide planificar contratos y atenta contra los tiempos, porque hay que centrar y prever una cierta logística para la contratación. La norma desbarata esto.
Además, es un tema conceptual: no se puede convalidar que después de presentada una licitación cambien las reglas de juego”, dice un ejecutivo petrolero.Otro actor del sector indicó que la normativa afecta también las políticas internas de las empresas multinacional, que muchas veces tienen estándares de contratación de proveedores que excede el tema del precio, sino que se basan en otros criterios como compliance, medio ambiente, seguridad, calidad y respaldo crediticio.
“Entre un proveedor extranjero y uno local, se le tiene que dar la prioridad al local, si es el mismo precio, pero tal vez implica que se deja de cumplir con las políticas internas de la empresa, en detrimento de la seguridad o de la calidad del servicio”, comentó.En ese sentido, la carta aprobada por toda la industria critica: “La disposición afecta la libertad de contratar y el derecho de ejercer industria lícita de las adjudicatarias del Plan GasAr, así como la libre competencia y concurrencia de las empresas proveedoras, limitando la oferta de bienes y servicios y acotando el potencial desarrollo de la cadena de valor de la industria hidrocarburífera (en forma contraria al mismo objetivo que aduce favorecer).
En los hechos, esto implicaría un margen de preferencia a favor de determinadas empresas que redundará en mayores costos operativos, en detrimento de la competitividad del sector hidrocarburífero.
Todo ello produce una clara e irrazonable limitación a los derechos y garantías constitucionales, tanto de las empresas adjudicatarias del Plan GasAr como del resto de las empresas que componen la cadena de valor de la industria”.
La respuesta de la Secretaría de EnergíaEn la Secretaría de Energía indican “el ingreso al plan fue absolutamente voluntario” y que las empresas que firman la nota “persiguen un cambio de reglas que les permita incumplir con este objetivo claro del Estado, que a cambio, aporta un multimillonario incentivo con fondos públicos”.
“Los compromisos de las empresas incluyen producir e inyectar determinados volúmenes de gas en determinado tiempo, ejecutar como mínimo determinados montos de inversión y cumplir con las pautas de contratación prioritaria de proveedores locales, regionales y nacionales.
A cambio, el Estado cubre la diferencia entre lo que pagan las distribuidoras de gas y el precio que ofertaron las empresas. Simultáneamente y como reaseguro de ello, reciben automáticamente un certificado de crédito fiscal para usar ante la AFIP, la garantía de la compra de los volúmenes adjudicados y la prioridad para exportar en firme en verano”, explicaron en el Gobierno.
Sin embargo, indicaron que, si conocidos estos requisitos desde la misma sanción del DNU, alguna empresa, “sabiendo que iba a pedir su incorporación voluntaria al programa, apuró contrataciones contrarias a las pautas explícitas del mismo, pues es una clara intención de evadir las obligaciones que el esquema planteaba claramente”.
También criticaron “el mecanismo de utilización de empresas controladas o subsidiarias como proveedoras, con precios insólitamente bajos, para desplazar a las pymes y empresas regionales”.
“Esta herramienta choca de frente contra uno de los objetivos del Gobierno de promover el desarrollo regional en las zonas productoras. No es ahora el momento de discutir esto, que, por supuesto, como objetivo puede ser opinable.
Lo que no es opinable es que el Estado tiene la potestad de establecer determinadas pautas, obligaciones, objetivos a alcanzar y herramientas a utilizar, cuando se trata de aplicar esfuerzo fiscal que beneficia a determinadas empresas que voluntariamente aceptan esos beneficios”, dijeron en el entorno del secretario Darío Martínez.
Fuente: La Nación