La construcción de la nueva Refinería de Talara, en Piura, se encuentra en su última etapa y a la fecha registra un avance integral del 91,11%, informó Eduardo Guevara, Presidente del directorio de Petroperú.

Los trabajos de construcción de la nueva Refinería de Talara se reiniciaron de manera gradual y progresiva el 15 de junio, luego de permanecer tres meses suspendidos por la emergencia sanitaria, periodo en el que solo se ejecutaron las labores necesarias, vinculadas a la seguridad industrial de sus instalaciones y equipos.

Las labores se reiniciaron en las áreas críticas con la incorporación de hasta un máximo del 40% del total de trabajadores con los que se contaba previo al estado de emergencia. A la fecha se cuenta con más de 7.000 trabajadores en obra, en constante vigilancia médica y siguiendo los procedimientos de bioseguridad.

El Presidente del Directorio de Petroperú precisó que el arranque de las unidades de proceso se iniciará a finales del mes de noviembre de 2021 con la Unidad de Destilación Primaria, siguiéndole las demás unidades, y se estima que todo el proceso de arranque de las 16 unidades se consiga en aproximadamente 4 meses, hasta lograr la estabilización. Esto de acuerdo al cronograma de obra actualizado, tras la suspensión temporal por la pandemia.

En paralelo al avance en la construcción, el personal de la estatal petrolera -que viene siendo capacitado para la operación de las nuevas unidades de proceso-, participa de las actividades de precomisionamiento (pruebas sin carga para la verificación de los equipos y sistemas) y posteriormente lo hará en el comisionamiento (pruebas finales de los sistemas), previas al arranque e inicio de operaciones de la Nueva Refinería Talara.

La inversión de este proyecto es de 4.700 millones de dólares, la que, según Petroperú, se realiza con recursos propios de la empresa pública y no afecta los precios de los combustibles del país que se rigen por la oferta y la demanda, según la Ley de Hidrocarburos. Añaden que el financiamiento no ha requerido el aval del Estado.

Fuente: La República