La consultora que encabeza el exministro de Energía de la Nación realizó un informe especial sobre el decreto que congeló el valor del barril. Sostiene que «es de suma importancia subsanar el DNU».
El extitular de Energía propuso reducir impuestos o eliminar retenciones al sector para amortiguar el impacto. El extitular de Energía propuso reducir impuestos o eliminar retenciones al sector para amortiguar el impacto. El exministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, no se quedó al margen de la polémica generada por el congelamiento de los combustibles y a través de la consultora que encabeza, Energy Consilium, emitió un durísimo informe especial en el que no sólo advierte que la forma en la que se resolvió el sostenimiento del precio de los surtidores debe ser modificada en forma urgente sino que es «es un desincentivo a la inversión» que podría terminar siendo perjudicial para los consumidores.
El informe especial fue emitido esta mañana en la víspera de un día clave para Vaca Muerta y todo el sector petrolero argentino a raíz del encuentro que desde las 17 mantendrán con Nación las provincias productoras de hidrocarburos y las principales petroleras del país.
Akros NQN En el texto la consultora encabezada por Aranguren destaca que la medida ataca la estabilidad y seguridad jurídica que requieren las inversiones en el sector y en Vaca Muerta que son las que pueden generar el ingreso de divisas con su actividad y señala una serie de alternativas para modificar su implementación sin modificar los precios en surtidor.
«Consideramos que este DNU significa un retroceso significativo en términos de política energética. Es la primera vez desde la desregulación de 1991 que se instrumenta de manera formal una fijación de precios directa sobre el sector», indica el informe. Y remarca que «es un desincentivo a la inversión en el sector que, de no ser prontamente subsanado en sede administrativa o judicial, generaría un precedente que será tenido en cuenta por los futuros inversores más allá de la duración de esta intervención; y los consumidores y contribuyentes, tarde o temprano, terminarán sufriendo las consecuencias».
«Tiene un impacto significativo sobre la seguridad jurídica del sector ya que el mismo es el único donde la Administración intervino los precios en perjuicio de los actores privados, en lugar de modificar la carga impositiva (como fue el caso de los productos de primera necesidad), o haciéndose cargo de las diferencias (como con los créditos UVA)».
Esto se debe a que para el extitular de Energía e impulsor del libre mercado y la liberación del precio del crudo en el país, «el DNU significa una alteración significativa en la política energética y es incompatible con el avance hacia una política energética sustentable que permita enfrentar los grandes desafíos que tiene la Argentina y el mundo respecto a su relación con la energía y el cambio climático».
Además advirtió que «las provincias productoras de hidrocarburos, así como las empresas productoras de petróleo crudo, evaluarán la oportunidad y pertinencia de encarar acciones administrativas y judiciales para anular o limitar los alcances del DNU. De ocurrir esto, tanto las demandas de inconstitucionalidad como los reclamos atarán a la industria en un conflicto legal que puede perdurar durante años como ha ocurrido luego de la Emergencia Pública que rigió la economía de nuestro país desde el 2002 al 2017».
Aranguren fue desplazado del cargo en junio del año pasado. El informe destaca por un lado que la medida podría extenderse más allá de los 90 días al plantear que «sería difícil explicar los motivos para no extender el plazo de esta intervención», situación que potencia la incertidumbre generada.
La oportunidad para la Argentina de desarrollar un sector exportador hidrocarburífero relevante a partir del petróleo y el gas natural proveniente de Vaca Muerta requiere de condiciones de estabilidad regulatoria que permitan la toma de decisiones de inversiones multibillonarias.
En tanto que da cuenta de que la medida podría no ser beneficiosa para los consumidores, al entender que en «el control de precios no es un mecanismo adecuado para proteger a los consumidores, resultando habitualmente en mayores perjuicios para ellos», entre los que enumeraron la reducción de la oferta, problemas de asignación de los combustibles, reducción de la calidad y aparición de mercados paralelos.
Propuestas
La consultora encabezada por Aranguren señaló algunos mecanismos para modificar la aplicación del decreto de congelamiento. Nación «tiene facultades para disminuir la carga tributaria sobre los combustibles en hasta un 10% conforme los establece el art. 5 de la Ley 23.966.
También se señaló que el gobierno «puede disminuir los derechos de exportación establecidos por la Administración a través del Dto. 793/2019 hasta el 31/12/2020 (como ya se hizo para beneficiar a ciertas economías regionales) de forma tal de mejorar la ecuación económica del sector y mitigar los impactos de la devaluación en los precios internos».
Fuente: Diario Río Negro
Gentileza: TNS Latam