La caída del precio internacional del petróleo, a consecuencia de la sobreoferta y el coronavirus, puso en riesgo la continuidad operativa de muchas empresas petroleras en Bolivia, a las que, según el director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Stevo Ostoic, el Estado adeuda más de 19 millones de dólares por compromisos realizados en los dos últimos años en el marco de la Ley de Promoción para la Inversión en exploración y explotación hidrocarburífera.
Expertos en hidrocarburos afirman que la pandemia generó un recorte en las inversiones en el sector de gas y petróleo en muchos países del mundo, por lo que sugieren modificaciones en dicha ley para contar con condiciones atractivas a la inversión. En tanto, el Gobierno nacional manifestó su apertura a la revisión de los incentivos.
Ostoic informó a Los Tiempos que la compleja situación pone en riesgo la continuidad operativa de muchas empresas afiliadas a la CBHE, las cuales “desarrollaron durante muchos años expertise fundamental y esencial dentro de la cadena de valor de los hidrocarburos”.
Los compromisos relacionados con inversiones que fueron establecidos con anterioridad entre las operadoras y el Estado serán cumplidos, según Ostoic, en la medida que sea operativamente posible ejecutarlos, ya que actualmente hay restricciones decretadas.
“Sin embargo, es importante recalcar que muchos de los compromisos establecidos los últimos dos años fueron realizados en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones y hasta la fecha el monto adeudado por el Gobierno a las Compañías Operadoras supera los 19 Millones de dólares, y como entenderán una condición sine qua non (indispensable) para la ejecución de inversiones es contar con recursos financieros”, explicó.
En medio de un escenario crítico para el sector hidrocarburífero a consecuencia de la Covid-19, el director ejecutivo de la CBHE considera que es necesario realizar una revisión profunda del marco normativo actual, una reforma que vuelva nuevamente atractiva la inversión.
Señaló que el país tiene una caída importante de sus reservas de gas en un escenario de precios en los niveles más bajos de la historia y sin precedentes de recuperación en el mediano plazo. A eso se suma que la región está “inundada de gas”, proveniente del presal de Brasil y Vaca Muerta de Argentina.
“Creemos que es fundamental hacer un análisis integral de la situación y tomar medidas que permitan en primera instancia y de manera urgente mantener con vida a las empresas que sustentan uno de los sectores más importantes del país y posteriormente realizar una reforma estructural al marco normativo”, dijo Ostoic.
Cambios urgentes
En ocasión de un webinar organizado el viernes por la Secretaría de Hidrocarburos y Energía de la Gobernación de Santa Cruz, Iver von Borries, experto en derecho de gas y petróleo y arbitraje comercial, dijo que la Ley de Hidrocarburos 3058 fue aprobada en 2005 bajo una ideología nacionalista y que incorpora partes inconstitucionales porque contraviene a la Constitución Política del Estado (CPE) que fue aprobada en 2009.
El experto indicó que actualmente el país sufre las falencias del marco legal poco atractivo a la inversión extranjera. Citó, por ejemplo, que el ‘government take’ (impuesto que debe pagar una compañía al ejecutar un proyecto de gas o petróleo) en Bolivia es demasiado alto, además que el artículo 366 de la CPE prohíbe los arbitrajes internacionales para las empresas dedicadas a la producción de hidrocarburos, de modo que éstas deben sujetarse a un Tribunal arbitral boliviano.
Por otro lado, manifestó que la Ley de Incentivos 767 aprobada en 2015 es una norma indispensable para la reactivación del sector, pero su reglamento debe ser modificado porque no contiene el dinamismo y claridad y no ofrece la seguridad jurídica necesaria. Sin embargo, dijo que el actual Gobierno tiene la potestad de modificar dicho reglamento a través de un decreto.
El analista en hidrocarburos Hugo del Granado coincide en la necesidad de reactualizar la Ley de Incentivos porque no ha tenido resultados, ya que entre 2016 y 2019 las operadoras no cumplieron con la totalidad de sus compromisos de inversiones ni el Estado con los desembolsos.
Del Granado señala que, por efectos de la pandemia, todas las empresas petroleras del mundo recortaron inversiones, sobre todo en proyectos de exploración que pueden ser postergables. “Yo he sugerido que se haga lo mismo en Bolivia en los proyectos que no son absolutamente urgentes como por ejemplo hacer levantamiento sísmico en el altiplano boliviano”, agregó.
HASTA 2025
Producción de gas disminuirá en 26%
Según datos de YPFB, expuestos por el analista en hidrocarburos, Hugo del Granado, la producción de gas en 2025 caerá en más del 26 por ciento con relación a 2019.
El gráfico refleja que la producción promedio en 2019 alcanzó los 46,7 millones de metros cúbicos día (MMm3d) y que hasta 2025 caerá a 34,4 MMm3d. El máximo pico de producción fue el 2014, cuando el volumen promedio llegó a 61,3 MMm3d.
Del Granado sugirió incentivar las inversiones privadas en exploración a través de la modificación de normas.
Ríos afirma que en 8 años no habrá gas para vender
El analista y exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, advirtió que, en caso de que Bolivia no haga nada en exploración, en los próximos cuatro o cinco años importará el 100 por ciento de los combustibles líquidos y, en siete u ocho años, no tendrá gas para exportar.
El analista añadió que hasta 2040 el país no tendrá gas ni siquiera para cubrir la demanda interna, por lo que deberá importar. Con esos datos, argumentó que la situación del sector de hidrocarburos es compleja.
Ríos sugirió realizar un diagnóstico urgente de la situación del sector y posteriormente modificar la Ley 767 e incorporar un reglamento sencillo y transparente que permita reactivar la exploración y la búsqueda en campos maduros.
A mediano plazo, con un Gobierno estable, Ríos propone ajustes en la CPE, puesto que “nadie en su sano juicio va a venir a Bolivia a meter 1.000 o 2.000 millones de dólares cuando tenemos que ser arbitrados por una justicia que no es confiable”.
Por otro lado, cabe mencionar que el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, anunció el pasado martes la elaboración de una agenda orientada a la recuperación del sector hidrocarburos y la reestructuración de YPFB con una metodología que contempla una nueva visión de las inversiones a través de incentivos reales y evaluación de la Ley de Hidrocarburos.