La pandemia del coronavirus amenaza con dar un tremendo golpe al empleo en Bolivia. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que 5,2 millones de empleos están en riesgo. Otra investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) establece que el 78 por ciento de la población trabajadora es la más vulnerable (55 por ciento, los independientes, y 33 por ciento empleados de microempresas), mientras que, también según el Cedla, los efectos de esta cuarentena tanto en la cantidad como en la calidad del empleo se multiplicarán de forma exponencial.
Esta situación ocurre mientras tres organismos internacionales proyectan una fuerte contracción de la economía boliviana: el Banco Mundial (BM) en 3,4 por ciento, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2,9 por ciento y la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en 3 por ciento. Los tres anticipan que esto traerá grandes costos al empleo en Bolivia.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una tasa de desempleo de 4 por ciento hasta diciembre del año pasado, pero el Cedla, el BID y economistas consultados por este medio observan que es un dato engañoso, pues al menos el 80 por ciento de la población trabajadora se desenvuelve en un empleo informal, por cuenta propia o eventual (4,2 millones) y sólo un millón trabaja bajo contrato formal.
El BID plantea tres posibles escenarios para la pérdida de empleo, según la gravedad de la cuarentena y cuánto se extienda. En los tres casos, comercio, gastronomía, hotelería, transporte y manufacturas son los sectores más afectados.
Cedla
Otro estudio expuesto en dos artículos por la investigadora del Cedla, Silvia Escóbar, plantea tres escenarios del trabajo en Bolivia: antes, durante y después de la aplicación de la cuarentena por el coronavirus.
En el primer escenario, se observa que Bolivia ingresa a la cuarentena con un 48 por ciento de trabajadores asalariados en el área urbana, mientras que en la rural, el porcentaje llega apenas al 11.
Sin embargo, de todos los asalariados, más de la mitad sólo tienen trabajos temporales. Y el 84 por ciento de los trabajadores se concentra en cinco áreas: servicios de la administración pública y sociales, construcción y manufacturas (los asalariados) y agropecuaria y comercio (los no asalariados). De aquí se desprende la vulnerabilidad del empleo en Bolivia.
“La economía boliviana ya estaba en desaceleración. El crecimiento del PIB se había reducido a 2,2% en 2019, el más bajo desde 2002. Por donde se mire, nada asegura la sostenibilidad del desempeño de los sectores productivos que estarían llamados a impulsar la economía”, explica la autora.
Justamente, con la llegada de la pandemia y ante la necesidad de evitar grandes aglomeraciones es que se dicta la cuarentena, en los que los sectores más afectados son los trabajadores independientes (que conforman el 55 por ciento de la población trabajadora) y los empleados en micro y pequeñas empresas, mypes (que representan el 23 por ciento). Además, el 80 por ciento de este último sector no cuenta con protección de seguridad laboral ni social (sólo son trabajos eventuales).
Sólo el 20 o 25 por ciento tiene un empleo “formal” en Bolivia, y aunque son estos últimos quienes continúan ganando sueldo en este tiempo de cuarentena, no tienen su puesto garantizado a largo plazo debido a la crisis que se avecina y el efecto multiplicador que la situación traerá consigo.
El desplome
Por ello, en el tercer escenario (después del coronavirus), según el estudio expuesto por Escóbar, se experimentarán las grandes caídas de la economía (3 por ciento, según la Cepal), y la caída del empleo registrará “cifras exponenciales” (aún no se precisa en números). Sin embargo, por la naturaleza laboral, se puede anticipar que los sectores más afectados serán, en ese orden, los trabajadores independientes (comercio, restaurantes, transporte y otros), los asalariados de pequeñas y microempresas (por el cierre temporal o permanente de operaciones en el sector y porque el 80 por ciento no tiene protección laboral y social), los obreros de la industria manufacturera (especialmente los de rubros que no son de primera necesidad), los obreros de la construcción y los trabajadores campesinos e indígenas.
“Por tanto, comenzando desde ahora, el Gobierno debe encaminar un conjunto de políticas para estimular el nivel de actividad económica, capaz de responder a la gravedad de la crisis priorizando los rubros productores de bienes esenciales, con capacidad para generar mayor valor agregado, empleos de calidad y socialmente protegidos”, concluye la autora e investigadora del Cedla.