Norma. En el país las operadoras deben pagar hasta un 50% del valor de la producción al Estado. En otros la carga impositiva llega hasta un 25%. El sistema es observado por los efectos ambientales que provoca.
Dos gobiernos diferentes. Dos formas de ver distintas las cosas, pero a la hora de ver la realidad hidrocarburífera tanto la administración del expresidente Juan Evo Morales y la actual gestión de Jeanine Áñez, apuestan todas sus fichas a un solo juego dentro este negocio; el shale gas. Primero fue Morales que abrió esta posibilidad en 2018, cuando firmó un acuerdo para que se hagan estudios sobre la explotación de recursos no convencionales.
En la actualidad, el nuevo presidente de YPFB, Herland Soliz, volvió a retomar la idea del exmandatario. Sin embargo, existe un obstáculo que frena el desarrollo del fracking; la carga impositiva que llega a más del 50% de la producción de petróleo o gas. Esto dificulta cualquier proyecto con el uso de este sistema en el país, según expertos consultados por EL DEBER.
Bolivia tiene al gas como el principal generador de ingresos por la exportación que realiza a los mercados de Argentina y Brasil. Sin embargo, especialistas del área siempre observaron que, durante la gestión de Morales, se priorizaron proyectos de desarrollo y se dejó de lado la búsqueda de nuevos yacimientos. Esto llevó a la gestión del exjefe de Estado incluso a analizar nuevas formas de búsqueda del recurso que hasta iban en contracorriente a su discurso ambiental. Primero autorizando la exploración en áreas protegidas y después en estudiar en el desarrollo de la industria del shale gas o fracking en el país.
Fue así que el 1 de agosto de 2018 la estatal YPFB firmó un contrato con la empresa canadiense CanCambria Energy Corp para realizar un estudio sobre el potencial en recursos no convencionales en Miraflores, departamento de Chuquisaca. Preliminarmente, se habló de un potencial de arriba de los 300 TCF en esa área.
¿Qué es el fracking?
De acuerdo a una publicación de la BBC la fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite extraer el llamado gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo no convencional que se encuentra literalmente atrapado en capas de roca, a gran profundidad.
Después de perforar hasta alcanzar la roca de esquisto, se inyectan a alta presión grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturar la roca y liberar el gas. Cuando el gas comienza a fluir de regreso lo hace con parte del fluido inyectado a alta presión.
A escala mundial hay muchas observaciones sobre el uso de esta técnica. Muchas organizaciones sostienen que genera un daño ambiental irreversible, en especial en los acuíferos subterráneos.
Viabilidad en Bolivia
¿Pero es posible aplicar esta técnica en el país? Para el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, la posibilidad de hacer fracking en Bolivia es totalmente inviable por el sistema impositivo que rige en la actividad hidrocarburífera.
“El sistema fiscal boliviano indica que se debe pagar un 50% de tributos cuando se produce el petróleo o el gas natural”, explicó.
Precisó que en los tres países en donde se está desarrollando el método como Estados Unidos, Argentina y recientemente Colombia, este tributo es menor al 20%. “Con esto han logrado hacer económico el desarrollo del fracking”, dijo Ríos.
Para el especialista, es necesario que, a nivel legislativo, se haga una norma con el fin de que el sistema tenga éxito en el futuro.
En ese sentido, para Ríos es muy prematuro hablar del desarrollo del shale boliviano, sin saber si el recurso que se pueda extraer llegue a tener buenas condiciones de productividad y costos que permitan sacar el gas mediante este sistema.
“Lo primero que debemos hacer es modificar nuestro sistema fiscal y tener las vías de evacuación para sacar el producto”, dijo.
Fernando Rodríguez, experto en hidrocarburos, coincide en que el proyecto en Bolivia es inviable, pero por un factor diferente al impositivo. Explicó que para desarrollar un campo se requiere de grandes inversiones porque, a diferencia del sistema convencional, se deben perforar varios pozos para tener un mayor volumen de producción de gas.
“Eso supone un costo adicional que actualmente Bolivia no está en condiciones de pagar”, dijo.
Carlos Delius, expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), dijo que es necesario generar las condiciones normativas para poder desarrollar el fracking en el país.
Según Delius, el Estado tarde o temprano tendrá que pensar en desarrollar este sistema si no quiere transformarse en un importador neto de energía. “Para que funcione se deben establecer un 20% o 25% de impuesto para atraer inversiones”, dijo.
El 19 de febrero, en Tarija, el presidente de YPFB, Herland Soliz, señaló que la estatal iba “a comenzar a buscar hidrocarburos no convencionales en el área de Miraflores del departamento de Chuquisaca, donde existe una gran posibilidad de encontrar un reservorio que tiene un potencial superior a 400 TCF”.
En 2018 el expresidente de YPFB, Óscar Barriga, firmó un convenio con Cancambria para desarrollar estudios y así evaluar el potencial de esta área.
En esa oportunidad, el CEO de la empresa, Christopher Cornelius, dijo que “el objetivo del convenio de estudio es confirmar el potencial a gran escala de la llanura del Chaco y preparar planes económicamente viables para el desarrollo de los recursos”.
De tener éxito, aseguró que con su compañía desarrollaría esquemas que podrían significar la perforación “de muchos pozos que duplicarán las reservas de gas natural, coadyuvando a la seguridad energética de Bolivia por muchos años”.
El prospecto
Ubicada en el municipio de Machareti, provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca, Miraflores es el área en donde el anterior y el actual Gobierno han apostado sus fichas para tener vigencia en el negocio del gas.
Pero, pese al potencial que se tiene en el área, la falta de logística y sobre todo fuentes de agua son factores que ponen en duda la producción de shale gas.
Rodríguez recordó que en los años 90 en esta zona se realizaron perforaciones de hasta 4.000 metros de profundidad y se encontró una roca “muy poco porosa y un petróleo muy grueso”.
“Y para sacarlos se necesitan técnicas especiales”, apuntó.
Insistió que al estar en pleno Chaco chuquisaqueño no hay logística para extraer el recurso. Detalló que, para establecer un campo primero es necesario encontrar una fuente de agua que permita hacer los trabajos de fracturamiento.
“Son anuncios de campaña (política) para tapar la verdadera realidad que estamos viviendo, que es la falta de inversión en exploración”, afirmó.
Precisó que lo “único que se ha hecho en los últimos años es abrir más grifos para sacar más rápido el gas y el petróleo, pero no reponer lo que se sacó”.
Raúl Velázquez, especialista en hidrocarburos, señaló que es prematuro hablar de shale gas cuando hay mucho por hacer para que Bolivia recupere la competitividad en la región.
En el ámbito legislativo e impositivo, dijo que existen normas que deben ser modificadas.
“El fracking no es una panacea, hay temas más complejos. Al usar esta técnica no recuperaremos de forma inmediata los niveles de producción”, dijo.
Efectos ambientales
Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), señaló que el romance del Estado con el fracking comenzó en 2011, a raíz de un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA, sigla en inglés) que establecía que el país contaba con 37 TCF de gas en la zona del Chaco.
El investigador dijo que, desde ese año el Gobierno del expresidente Morales, a través de YPFB Corporación, realizó varias gestiones para poder implementar la industria del shale en el país.
Desde la gestión del exjefe de Estado, según Campanini, existe el temor de perder presencia en el escenario regional del negocio del gas por las continuas inversiones que hacen en Argentina, en Vaca Muerta, y Brasil, en el Presal.
Explicó que, cuando los niveles de producción de ambos países crezcan en Bolivia se abrirán las puertas para el desarrollo del gas de esquisto, pese a que la técnica es altamente contaminante.
“No sé si vale la pena poner en riesgo nuestro medioambiente”, afirmó el investigador.
Sostuvo que, pese a que existe otro Gobierno se repite el mismo discurso. “Es una decisión política; incursionar en fracking es solo cuestión de tiempo”, alertó.
Por el momento los altos impuestos mantienen parado el despegue del polémico sistema.
Fuente: EL DEBER